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Artículo 274

En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo.

Presentación

El Artículo 274 se encuentra en el apartado dedicado a las disposiciones generales de la organización territorial del Estado. Hace referencia a la forma de elección de prefectos  y consejeros departamentales en los departamentos descentralizados, así como la forma de acceso de estos departamentos a la autonomía departamental.

Descripción

El Artículo 274 se encuentra dentro del Capítulo Primero (Disposiciones Generales) que corresponde al Título I (Organización Territorial del Estado) de la Tercera Parte de la Constitución Política del Estado (Estructura y Organización Territorial del Estado).

 

El artículo está compuesto por un párrafo que establece la elección de prefectas o prefectos, consejeras y consejeros departamentales en los departamentos descentralizados y el acceso de estos departamentos a la autonomía departamental.

 

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 411 se puede afirmar que el Artículo 274 es semirrígido, puede ser reformado de dos maneras: a través de una reforma total o a través de una reforma parcial de la Constitución. En el caso de una reforma total de la Constitución a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. En el caso de una reforma parcial mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios o por iniciativa popular. La vigencia de toda reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio.

                              

A partir de la revisión de los archivos de la Asamblea Constituyente, se puede observar que el Artículo 274 se consolida en el Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro. Tiene antecedentes en el Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande en Chuquisaca y el Informe de Minoría de la Comisión 9 (Autonomías Departamentales, Provinciales, Municipales e Indígenas, Descentralización y Organización Territorial) de la Asamblea Constituyente.

 

La elección por voto universal de las autoridades departamentales –prefectas o prefectos, consejeras y consejeros departamentales– es una novedad en el constitucionalismo boliviano, también lo es la posibilidad que tienen los departamentos descentralizados de acceder a la autonomía departamental. La existencia del cargo de prefecto tiene antecedentes en el constitucionalismo boliviano desde el texto constitucional de 1826, aunque la forma de designación no siempre ha estado determinada constitucionalmente.

Departamentos Descentralizados -Temática-

Dentro de las diferentes formas que tiene un Estado de organizarse territorialmente[1], la Constitución Política del Estado establece que Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías (Artículo 1), en este sentido en el territorio boliviano coexisten dos regímenes administrativos distintos: descentralización y autonomía.

 

Un Estado centralista es un tipo de organización estatal en el que todas las funciones estatales de administración pública –competencias– tienden a estar unificadas en un solo espacio o nivel de organización estatal.

 

Pero la administración centralizada tiene dificultades en tanto la distancia espacial se convierte en un elemento que dificulta una buena administración, por lo que se plantean permanentemente alternativas que permitan una administración más rápida, eficiente y efectiva, que en gran medida implican la distribución territorial del gobierno, de forma que se crea una estructura vertical de organización y división del poder.

 

Una de estas alternativas es la descentralización administrativa, que es una respuesta institucional-organizativa que, preservando la unidad estatal, toma en cuenta la diversidad local, generando parámetros de cooperación y cohesión entre diferentes entidades territoriales, a las que se les otorga competencias administrativas de bienes y recursos, para ejecutar políticas públicas, pero bajo un marco legislativo superior.

 

Según Ajá (y otros, 1989) en España el rígido centralismo existente hasta la Constitución española de 1978 (en la que se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las distintas nacionalidades y regiones) es resultado de una larga tradición histórica monárquica, tomando en cuenta que en ese país los intentos de descentralización aparecería recién bajo los regímenes liberales democráticos o republicanos a partir de mediados del siglo XIX.

 

Este rígido sistema centralista se habría reproducido en los territorios sometidos a la colonia, repitiendo el centralismo que se ejercía ya no desde España sino desde sus representantes coloniales[2], otorgando facultades de administración local cuando se convertía en indispensable para el buen funcionamiento del sistema colonial. Esta descentralización fue modificada a partir de las reformas borbónicas durante el siglo XVIII que, bajo una fuerte influencia de la ilustración francesa[3], se propusieron modernizar la administración pública; estas reformas en las colonias implicaron, por ejemplo, la creación de intendencias, que si bien modernizaban la relación entre la metrópoli y la colonia, reabsorbía facultades que habían sido delegadas ala administración colonial (Bridikina, 2008).

 

Una vez alcanzada la independencia, y durante casi toda la etapa republicana, la administración estatal se vio influenciada por esta tradición centralista, de forma que si bien se reconocía una capacidad gubernamental en los diferentes departamentos y distritos, sus autoridades ejecutivas actuaban en representación y bajo dependencia del Ejecutivo central, que determinaba las políticas estatales para todo el país, aunque debido a su función de gobierno local los municipios adquirieron cada vez mayor libertad y autonomía administrativa.

 

La configuración administrativa republicana en Bolivia giraba en torno a dos polos opuestos, el centralismo del gobierno central y la autonomía en el gobierno municipal citadino –cuyo reconocimiento constitucional data de 1938–, pese a que desde la década de 1950, los movimientos cívicos habrían centrado sus reivindicaciones en una mayor descentralización apoyados en luchas regionales, según Blanes:

 

Desde los años 50, la descentralización es una de las piezas centrales de la reivindicación y exigencias de la sociedad regional, estructurada ésta en torno a los movimientos cívicos, por la que se cuestiona la incapacidad del sistema político de relacionarse y de representar a los ciudadanos. Dichas reivindicaciones proponían una descentralización político administrativa para enfrentar al Estado y a sus limitaciones centralistas. Las luchas regionales corrieron paralelas a las diversas formas de caudillismo expresando la profunda fragmentación del país (Blanes, 1999: 3).

 

Pero la dualidad entre centralismo y municipalismo rigió la administración pública boliviana durante casi todo el siglo XX, pese al esfuerzo de las regiones por el reconocimiento de gobiernos propios, hasta tal punto que se produciría una “autoproclamación del municipalismo como sinónimo de descentralización per se, precluyendo así la opción de un nivel territorial intermedio que de por sí no tiene porque ser marginal ni siquiera en modos estatales de tipo ‘unitario’.(Barrios, 2002: 53).

 

Es recién a finales del siglo XX cuando el Estado boliviano decide implementar un régimen de descentralización administrativa[4], bajo un modelo en el que el Ejecutivo central mantenía la atribución de nombrar a las autoridades ejecutivas departamentales, en su administración cotidiana éstas recibían, por delegación, mayor libertad en la planificación y ejecución de sus recursos, aunque sin recibir competencias legislativas ni judiciales.

 

Se debe observar que Urenda discrepa de esta percepción, pues considera que si bien desde 1825 hubo un excesivo intento centralista en lo administrativo, político y económico, en realidad ante el fracaso del modelo centralista se habría producido que “los departamentos se comportan como entres cuasi-autónomos” (Urenda, 2003: 74) mucho antes de la implementación del régimen de descentralización administrativa, explicando este hecho por “un fenómeno psicológico poco visto en el mundo: la región está mucho antes que la patria[5]” (Urenda, 2003: 74).

 

La descentralización administrativa departamental fue una política que acompañaba la profundización municipalista impulsada un año antes, y por eso el gobierno municipal se encontraba en medio entre el gobierno central y los municipios, pues en esa época el “Prefecto preside el ejecutivo departamental y es elegido por el Presidente de la República. Está acompañado por un cuerpo de consejeros nombrados por los municipios a razón de un representante por cada provincia” (Blanes, 1999: 6).

 

Pero la descentralización administrativa fue, en gran medida, considerada insuficiente, y en varios departamentos del país tomó fuerza el reclamo por mayor libertad gubernamental regional, promoviendo la creación de un régimen de mayor descentralización e, incluso, autonomía departamental, que derivaron en un referéndum autonómico el 02 de julio de 2006 en el que cuatro[6] de los nueve departamentos del país expresaron la voluntad de acceder a éste régimen de administración.

 

Los departamentos descentralizados a los que se refiere el Artículo 274 son aquellos que se encontrarían bajo el régimen de descentralización administrativa por no haber expresado su voluntad de acceder a la autonomía departamental, o que en su caso decidieran retornar a un régimen de descentralización administrativa con posterioridad.

 

Si bien el régimen de descentralización administrativa preexiste al texto constitucional de 2009, la Constitución vigente realiza dos modificaciones a este régimen, que las autoridades departamentales deben ser elegidas por voto universal[7] y que la posibilidad de acceder a la autonomía departamental permanece a futuro.


[1] Sobre la Organización Territorial de un Estado, y de Bolivia en particular, consulte el análisis del Artículo 269.

[2] Según Bridikina (2008) gran parte de la libertad de facto con la que contaba la Audiencia de Charcas en la época colonial se debía a su problemática dependencia del Virreinato de Lima, primero, y del Virreinato de La Plata, después, que le permitía, en la mayoría de los asuntos, gobernarse con cierta libertad.

[3] Por ejemplo, uno de los primeros autores en defender la descentralización adminidstrativa fue Montesquieu, defensa que sería recogida e impulsada por Toqueville, bajo la existencia de cuerpos intermedios entre el pueblo y el monarca.

[4] La descentralización administrativa era parte de un paquete de reformas estatales, que incluía además la reforma educativa, la participación popular y la modernización de la gestión pública.

[5] Urenda retoma una observación de Zavaleta Mercado (1983), que afirma que en Bolivia cada valle es una Patria, para explicar el profundo regionalismo que fundamentaría la actuación cuasi autónoma de los departamentos.

[6] En este referéndum optaron por el sí a la autonomía los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. DE acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera estos departamentos acceden directamente al régimen de autonomía departamental

[7] En Bolivia los prefectos son un cargo electo desde el 2005, cuando mediante la Ley Nº3015 de 08 de abril de 2005, modificando el Código Electoral vigente en ese momento, se autorizó la elección de éstos mediante sufragio.


Concordancias

Artículo 1. Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, descentralizado y con autonomías. / Artículo 269. Organización territorial del Estado. / Artículo 270. Principios que rigen la organización territorial del Estado. / Artículo 271. Ley Marco de Autonomías y Descentralización. / Artículo 272. Facultades que implica la autonomía. / Artículo 273. Conformación de mancomunidades. / Artículo 275. Elaboración de las normas institucionales básicas de las entidades territoriales. / Artículo 276. No subordinación e igual rango constitucional de las entidades territoriales autónomas. / Artículo 277. Gobierno autónomo departamental. / Artículo 278. Asamblea Departamental. / Artículo 279. Órgano ejecutivo departamental.


Elección de prefectos y consejeros departamentales -Categoría-

Los departamentos descentralizados son parte de la organización territorial desde el texto constitucional de 1994, aunque tradicionalmente sus autoridades ejecutivas han sido designadas por el Presidente del Estado ya que estas autoridades eran representantes del Ejecutivo.

 

En el marco de un proceso histórico que tiene como fin la mayor descentralización administrativa, el año 2005 se realizó por primera vez en la historia de Bolivia la designación o elección de prefectos por voto universal, si bien se debe tomar en cuenta que esta posibilidad no se encontraba reconocida ni permitida directamente por la Constitución Política del Estado vigente en ese momento, esta elección se realizó para otorgar mayor legitimidad al cargo ejecutivo departamental, autorizándose a través de una ley interpretativa[1].

 

Esta experiencia de elección de los prefectos en los diferentes departamentos del país, cuando ya se encontraba presente en el debate político el reclamo autonómico, impulsó que en el texto constitucional de 2009 se constitucionalice la elección de autoridades departamentales por voto universal, no sólo para los departamentos autónomos, sino también para aquellos que optasen por mantenerse en el régimen de descentralización administrativa.

 

La Constitución Política del Estado también amplía la elección por voto universal a los consejeros departamentales, que son las autoridades departamentales que en conjunto conforman el Consejo Departamental.

 

El Consejo Departamental no es un órgano legislativo departamental, pues las unidades territoriales descentralizadas no poseen competencias en materia legislativa, son órganos de consulta, control y fiscalización de los actos administrativos realizados por la prefecta o el prefecto[2].

 

Con esta doble elección por voto universal, del prefecto y de los consejeros departamentales en los departamentos descentralizados se amplía el carácter democrático tanto en la nominación de estas autoridades como en el control al ejercicio de su cargo, pues en su accionar administrativo la autoridad departamental ya no es responsable ante la persona que la designó, sino ante el universo de electores que la han elegido, particularmente porque como cargo público electo se posibilita el mecanismo de la revocatoria de mandato (Artículo 240).


[1] Ley Nº 3015 del 8 de abril del 2005.

[2] Artículo 10 de la Ley Nº 1654, Ley de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1995 y Artículo 3 del DS Nº 27431 del 2 de abril de 2004


Concordancias

Artículo 1. Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, descentralizado y con autonomías. / Artículo 240. Revocatoria de mandato. / Artículo 269. Organización territorial del Estado. / Artículo 270. Principios que rigen la organización territorial del Estado. / Artículo 271. Ley Marco de Autonomías y Descentralización. / Artículo 272. Facultades que implica la autonomía. / Artículo 273. Conformación de mancomunidades. / Artículo 275. Elaboración de las normas institucionales básicas de las entidades territoriales. / Artículo 276. No subordinación e igual rango constitucional de las entidades territoriales autónomas. / Artículo 277. Gobierno autónomo departamental. / Artículo 278. Asamblea Departamental. / Artículo 279. Órgano ejecutivo departamental. /Disposición Transitoria Tercera. Acceso al régimen de autonomía departamental de los departamentos que así lo optaron en el referendo del 2 de julio de 2006.


Acceso a la autonomía departamental -Categoría-

La Constitución Política del Estado reconoce la facultad que tienen algunas entidades territoriales a conformarse en gobiernos autónomos, que implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones (Artículo 272).

 

En este sentido la autonomía es un grado mayor de desconcentración gubernamental que la descentralización administrativa, pues otorga competencias legislativas y reglamentarias, además de las ejecutivas y de fiscalización.

 

Teniendo en cuenta que uno de los principios que rige la organización territorial del Estado es la voluntariedad (Artículo 270) y que la creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes (Artículo 269 parágrafo II).

 

De esta forma la transición de departamento descentralizado a autonomía departamental puede realizarse siempre y cuando exista voluntad expresada democráticamente entre los habitantes de un departamento, aunque la expresión de la voluntad de la población es sólo el primer paso, aunque sea el fundamental, de un proceso que culmina en el ejercicio pleno de la autonomía, y que incluye, por ejemplo, la elaboración del Estatuto[1].

 

En el primer referéndum consultando el acceso a autonomías departamentales, realizado el 2 de julio de 2006[2], cuatro de los nueve departamentos de Bolivia expresaron la voluntad de asumir un régimen autonómico, estos departamentos fueron Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija.

 

La Constitución Política del Estado deja abierta la posibilidad de que los departamentos descentralizados puedan acceder posteriormente, a través de referendos posteriores, al régimen autonómico. Esto se cumplió en 6 de diciembre de 2009[3] en el que los cinco departamentos descentralizados –Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí y Sucre– expresaron la voluntad de acceder al régimen autonómico, de forma tal que desde esa fecha ya no existen en Bolivia departamentos descentralizados, sino sólo departamentos autónomos.


[1] La elaboración del Estatuto es un procedimiento que requiere la elaboración participativa del proyecto, la aprobación de éste por el órgano deliberante de la autonomía departamental, el control de constitucionalidad y la aprobación mediante referendo (Artículo 275)

[2] Este referendo fue realizado de forma paralela a la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente.

[3] Fecha en la que, paralelamente a las elecciones generales, se procedió a realizar el referendo autonómico en los departamentos descentralizados restantes.


Concordancias

Artículo 269. Organización territorial del Estado. / Artículo 270. Principios que rigen la organización territorial del Estado. / Artículo 271. Ley Marco de Autonomías y Descentralización. / Artículo 272. Facultades que implica la autonomía. / Artículo 273. Conformación de mancomunidades. / Artículo 275. Elaboración de las normas institucionales básicas de las entidades territoriales. / Artículo 276. No subordinación e igual rango constitucional de las entidades territoriales autónomas. / Artículo 277. Gobierno autónomo departamental. / Artículo 278. Asamblea Departamental. / Artículo 279. Órgano ejecutivo departamental Disposición Transitoria Tercera. Acceso al régimen de autonomía departamental de los departamentos que así lo optaron en el referendo del 2 de julio de 2006.


Tratamiento en el Constitucionalismo Boliviano

Texto Constitucional 2009

 

Artículo 274

 

En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo.

 

Texto Constitucional 2004

 

Artículo 109

 

I. En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto, designado por el Presidente de la República.

 II. El Prefecto ejerce la función de Comandante General del Departamento, designa y tiene bajo su dependencia a los Subprefectos en las provincias y a los corregidores en los cantones, así como a las autoridades administrativas departamentales cuyo nombramiento no este reservado a otra instancia. 

III. Sus demás atribuciones se fijan por ley. 

IV. Los Senadores y Diputados podrán ser designados Prefectos de Departamento, quedando suspensos de sus funciones parlamentarias por el tiempo que desempeñen el cargo

 

Artículo 110

 

I. El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa. 

II. En cada departamento existe un Consejo Departamental, presidido por el Prefecto, cuya composición y atribuciones establece la ley

 

Texto Constitucional 1994

 

Artículo 109

 

En cada departamento el Poder Ejecutivo está cargo y se administra por un Prefecto, designado por el Presidente de la República

1. El Prefecto ejerce la función de Comandante General del departamento, designa y tiene bajo su dependencia a los subprefectos en la provincias y a los corregidores en los cantones, así como a las autoridades administrativas departamentales cuyo nombramiento no esté reservado a otra instancia.

2. Sus demás atribuciones se fijan por ley.

3. Los Senadores y Diputados podrán ser designados Prefectos de departamento, quedando suspensos de sus funciones parlamentarias por el tiempo que desempeñen el cargo.

 

Artículo 110

 

1. El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa.

2. En cada departamento existe un Consejo Departamental, presidido por el Prefecto cuya composición y atribuciones establece la ley.

 

Texto Constitucional 1967

 

Artículo 109

 

En lo político-administrativo, el Gobierno Departamental estará a cargo de los Prefectos, quienes representan al Poder Ejecutivo, teniendo bajo su dependencia a los Subprefectos en las Provincias y a los Corregidores en los Cantones.

Las atribuciones, condiciones y forma de elegibilidad para estos cargos, así como la duración de sus períodos serán determinadas por ley.

 

Artículo 110

 

El Gobierno Departamental se desenvolverá de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa que establecerá la ley.

 

Texto Constitucional 1961

 

Artículo 108

 

El gobierno departamental en lo político administrativo, estará a cargo de Prefectos que representan el Poder Ejecutivo y de quienes dependen los Subprefectos en las provincias y los Corregidores en los cantones

 

Texto Constitucional 1947

 

Artículo 106

 

El gobierno departamental en lo político y administrativo estará a cargo de Prefectos, Subprefectos y Corregidores, cuyas atribuciones y condiciones serán determinadas por ley.

 

Texto Constitucional 1945

 

Artículo 106

 

El gobierno departamental en lo político y administrativo estará a cargo de prefectos, subprefectos y corregidores, cuyas atribuciones y condiciones serán determinadas por ley.

 

Texto Constitucional 1938 

 

Artículo 105

 

El gobierno departamental en lo político y administrativo estará a cargo de Prefectos, Subprefectos y Corregidores, cuyas atribuciones y condiciones serán determinadas por ley.

 

Texto Constitucional 1880

 

Artículo 101

 

El gobierno superior en los político, administrativo y económico de cada departamento, reside en un magistrado con denominación de Prefecto, dependiente del Poder Ejecutivo, de que es agente inmediato y con el que se entenderá por el intermedio del respectivo Ministro de Estado

En esos ramos y en todo lo que pertenece al orden y seguridad del departamento, estarán subordinados al Prefecto todos los funcionarios públicos de cualquier clase y denominación que fueren, y que residan dentro del territorio departamental.

 

Artículo  103

 

El gobierno de cada provincia reside en un Subprefecto subordinado al Prefecto.

Los Subprefectos son nombrados por el Presidente de la República

 

Artículo 104

 

En cada cantón habrá un Corregidor como agente inmediato del Subprefecto.

Su nombramiento lo hará el Prefecto a propuesta del Subprefecto.

 

Texto Constitucional 1878

 

Artículo 101

 

El gobierno superior en los político, administrativo y económico de cada departamento, reside en un magistrado con denominación de Prefecto, dependiente del Poder Ejecutivo, de que es agente inmediato y con el que se entenderá por el intermedio del respectivo Ministro de Estado

En esos ramos y en todo lo que pertenece al orden y seguridad del departamento, estarán subordinados al Prefecto todos los funcionarios públicos de cualquier clase y denominación que fueren, y que residan dentro del territorio departamental.

 

Artículo  103

 

El gobierno de cada provincia reside en un Subprefecto subordinado al Prefecto.

Los Subprefectos son nombrados por el Presidente de la República

 

Artículo 104

 

En cada cantón habrá un Corregidor como agente inmediato del Subprefecto.

Su nombramiento lo hará el Prefecto a propuesta del Subprefecto.

 

Texto Constitucional 1871

 

Artículo 90

 

El gobierno político superior de cada departamento reside en un magistrado, con la denominación de Prefecto, dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente inmediato constitucional, y con el que se entenderá por el órgano del Ministerio del despacho respectivo

 

Artículo 91

 

En todo lo perteneciente al orden y seguridad del departamento, y a su gobierno político y administrativo, estarán subordinados al Prefecto todos los funcionarios públicos de cualquier clase y denominación que sean y que residan en su territorio.

 

Artículo 93

 

En cada provincia habrá un subprefecto subordinado al prefecto; en cada cantón un corregidor, y alcaldes de campaña, Los corregidores y alcaldes de campaña se renovarán cada año.

 

Texto Constitucional 1868

 

Artículo 86

 

El Gobierno político de los departamentos, provincias y cantones de la República, reside en los funcionarios que designa la ley. Ella determinará las calidades que deben tener, su nombramiento, atribuciones y duración.

 

Texto Constitucional 1861

 

Artículo 76

 

El gobierno político de los departamentos y cantones de la República reside en  los funcionarios que designa la ley. Ella determina las calidades que deben tener, su nombramiento, atribuciones y duración.

 

Texto Constitucional 1851

 

Artículo 93

 

El Gobierno político de los departamentos, provincias y cantones de la República, reside en los funcionarios que designe la ley. Ella determinará las cualidades que deben tener, su nombramiento, sus atribuciones y su duración.

 

Texto Constitucional 1843

 

Artículo 76

 

El gobierno político de los departamentos, provincias y cantones residirá en los funcionarios que designe la ley.

 

Texto Constitucional 1839

 

Artículo 120

 

El Gobierno político superior de cada departamento y del distrito Litoral reside en un magistrado, con la denominación de Prefecto, dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es agente inmediato constitucional, y con el que se entenderá por el órgano del Ministerio del despacho respectivo.

 

Artículo 121

 

En todo lo perteneciente al orden y seguridad del departamento, y a su gobierno político y económico, estarán subordinados al Prefecto todos los funcionarios públicos de cualquier clase y denominación que sean y que residan en su territorio.

 

Artículo 123

 

En cada provincia habrá un gobernador subordinado al prefecto; en cada cantón un corregidor, y alcaldes de campaña.

 

 

Texto Constitucional 1834

 

Artículo 135

 

El gobierno superior de cada departamento residirá en un prefecto; el de cada provincia en un gobernador, y el de los cantones en un corregidor.

 

Texto Constitucional 1831

 

Artículo 135

 

El Gobierno superior de cada departamento residirá en un prefecto; el de cada provincia en un gobernador, y el de los cantones en un corregidor.

 

Texto Constitucional 1826

 

Artículo 129

 

El Gobierno superior político de cada departamento residirá en un prefecto.

 

Artículo 131

 

El de cada provincia en un gobernador.

 

Artículo 131

 

El de los cantones en un corregidor.

 

Artículo 133

 

En todo pueblo donde el número de sus habitantes por sí y en su comarca, no baje de cien almas, ni pase de dos mil, habrá un juez de paz.

 

Artículo 134

 

Donde el vecindario, en el pueblo y su comarca, pase de dos mil almas, habrá por cada dos mil, un juez de paz; si la fracción pasase de quinientas, habrá otro.

 

Análisis

 

La elección de prefectos y consejeros departamentales en los departamentos descentralizados mediante sufragio universal es una novedad en el constitucionalismo boliviano, así como la posibilidad de éstos de acceder a la autonomía departamental mediante referendo. Sí existen antecedentes constitucionales respecto a que la máxima autoridad ejecutiva departamental es el prefecto

 

Respecto a la existencia del cargo de prefecto en cada departamento existen antecedentes desde el texto constitucional de 1826, aunque entre 1843 y 1868 no los nomina específicamente, remitiendo el gobierno departamental a una reserva de ley.

 

Respecto a la dependencia o designación de los prefectos, en el texto constitucional de 1839 se especifica que éstos dependen del Poder Ejecutivo, aunque esta disposición no tuvo continuidad inmediata. En los textos constitucionales de 1861 y 1868 se dispone que la designación de las autoridades departamentales se debiera realizar de acuerdo a la legislación. En 1871 se retorna a la redacción de 1839 hasta 1880. Entre 1938 y 1947 se utiliza una fórmula general sin especificar la forma de designación de los prefectos, en 1961 con una redacción similar reaparece la dependencia al Ejecutivo, que se mantiene hasta 1967 sin especificar la designación. En los textos constitucionales de 1994 y 2004 se aclara que la designación correspondía al Presidente de la República.

Tratamiento en los archivos, actas y resoluciones del constituyente

Proyecto de Texto Constitucional ajustado en el H. Congreso Nacional, octubre 2008

 

Artículo 274

 

En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo.

 

Fuente: Ley Nº3942 de 21 de octubre de 2008.

 

Informe Diálogo Nacional: Mesa autonomías y nueva Constitución Política del Estado en Cochabamba, octubre de 2008.

 

Artículo 275

 

En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales median te (sic.) sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo.

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo V, página 123.

 

Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, diciembre de 2007

 

Artículo 275

 

En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la autonomía departamental mediante referendo.

 

Fuente: Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande, en Detalle y en Revisión.

 

Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca, noviembre de 2007

 

El proyecto de texto constitucional no contempla ninguna disposición relativa  a la elección de autoridades en los departamentos descentralizados ni al acceso de éstos a la autonomía departamental

 

Fuente: Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande.

 

Informes de Comisión de la Asamblea Constituyente: Comisión 9 (Autonomías Departamentales, Provinciales, Municipales e Indígenas, Descentralización y Organización Territorial)

 

Informe por Mayoría

 

Artículo 5. Acceso a gobiernos autónomos

 

I. Se establecerán gobiernos autónomos en los departamentos, regiones y territorios indígenas originarios de acuerdo a lo establecido en la constitución y la ley.

II. Las unidades territoriales que no accedan a gobiernos autónomos se rigen por el régimen de descentralización política administrativa o de desconcentración administrativa de acuerdo a ley.

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, páginas 1097.

 

Informe por Minoría

 

Artículo Adicional 15. Acceso al régimen autonómico

 

I. Los Departamentos que en el referéndum vinculante por las autonomías departamentales hubieran votado por no acceder al régimen autónomo, mediante referéndum favorable convocado por la Asamblea Legislativa Departamental podrán acceder al estatus de departamento autónomo si lo aprueba la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos en el departamento.

 

Artículo Adicional 17. Estructura Administrativa de los departamentos no autónomos

 

El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa.

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, página 1186-1187.

 

Propuesta de Texto Constitucional de las Organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, mayo de 2007

 

Artículo 144.

 

Las autoridades de los gobiernos autónomos se eligen de la siguiente forma:

6. En los Departamentos: Los y las representantes miembros de la asamblea departamental se eligen por un sistema mixto de voto universal y representación directa de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, afrodescendientes y comunidades interculturales según sus propias normas y procedimientos. El Ejecutivo Departamental se elige por voto directo.

 

Fuente: Acta de Acuerdo de las Organizaciones del Pacto de Unidad, Constitución Política del Estado Boliviano.

 

Análisis

 

La redacción del Artículo 274 es producto del Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, pues no fue modificado en el Diálogo Nacional ni en los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional. El Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande en Chuquisaca no contempla disposiciones relativas a la elección de autoridades en los departamentos descentralizados ni respecto al acceso de éstos a la autonomía departamental.

 

El artículo tiene antecedentes en los informes de la Comisión 9: (Autonomías Departamentales, Provinciales, Municipales e Indígenas, Descentralización y Organización Territorial), aunque el Informe de Mayoría reconocía la diferencia de los gobiernos departamentales descentralizados y autónomos sin especificar la elección de autoridades en los primeros o el acceso de éstos a la autonomía departamental, el Informe de Minoría sí establecía que los departamentos descentralizados podían acceder al estatus de departamento autónomo si lo aprueba la mayoría absoluta de votos válidos emitidos en el departamento en un referéndum.

 

El Proyecto de Texto Constitucional del Pacto de Unidad propone que el Ejecutivo Departamental se elige por voto directo, mientras que los miembros de la asamblea departamental se eligen por un sistema mixto entre el voto universal y representación directa de naciones y pueblos indígena originario campesinos, que eligen a través de sus usos y costumbres.

Alcance de la reserva legal

El Artículo 274 no contempla ninguna reserva legal, pero la legislación que desarrolle el régimen de descentralización administrativa o el régimen de la autonomía departamental[1] no puede modificar la forma de elección de los prefectos y consejeros departamentales en departamentos descentralizados, ni eliminar la posibilidad de éstos a acceder a la autonomía departamental, así como tampoco decidir unilateralmente el acceso al régimen de autonomía departamental, pues esta es una facultad que se fundamenta en la voluntad de la población.


[1] Actualmente es la Ley Nº 031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” del 19 de julio de 2010.

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Webgrafía

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Documentos legales

Ley Nº1654. Ley de Descentralización Administrativa del 28 de julio de 1995. Abrogada

 

Ley Nº3015 del 8 de abril del 2005.

 

Ley Nº3942 de 21 de octubre de 2008.

 

Ley Nº031. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” del 19 de julio de 2010.

 

Textos constitucionales de Bolivia 1826 – 2009. 

Archivos, actas y resoluciones

Acta de Acuerdo de las Organizaciones del Pacto de Unidad, Constitución Política Del Estado Boliviano de mayo de 2007.

 

Informes de la Comisión 9: (Autonomías Departamentales, Provinciales, Municipales e Indígenas, Descentralización y Organización Territorial)

 

Proyecto de Texto Constitucional ajustado en el H. Congreso Nacional, octubre de 2008, Ley 3942 de 21 de Octubre de 2008.

 

Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande de noviembre de 2007.

 

Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Nueva Constitución Política del Estado. Versión Oficial, Aprobada en Grande, en Detalle y en Revisión de diciembre de 2007.


Fecha de su ultima actualización: 28/04/2013 12:29:53 p.m.

Centro de Estudios Constitucionales 2013