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Artículo 111

Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles.

Presentación

El Artículo 111 se encuentra en el apartado dedicado a las garantías jurisdiccionales. Hace referencia a la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad, de traición a la patria y crímenes de guerra.

Descripción

El Artículo 111 se encuentra en el Capítulo Primero (Garantías Jurisdiccionales) que corresponde al Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte de la Constitución Política del Estado (Bases fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías).

 

El artículo está compuesto por un párrafo que establece que los delitos de genocidio, lesa humanidad, de traición a la patria y crímenes de guerra son imprescriptibles.

 

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 411 se puede afirmar que el Artículo 111 es rígido, sólo puede ser reformado a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular. La vigencia de la reforma necesitará la aprobación por dos tercios de la Asamblea Constituyente y el posterior referendo constitucional aprobatorio.

 

A partir de la revisión de los archivos de la Asamblea Constituyente, se puede observar que el Artículo 111 se consolida en los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional el año 2008, por lo que presenta variaciones en los proyectos de texto aprobados en Grande en Chuquisaca y en Grande, Detalle y Revisión en Oruro, ambos presentan como delito imprescriptible a aquellos causados contra el medio ambiente. El Informe por Mayoría de la Comisión 3 (Derechos, Deberes y Garantías) establece la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad daño económico al Estado y crímenes de guerra.

 

La imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad, de traición a la patria y crímenes de guerra es una novedad en el constitucionalismo boliviano.

Imprescriptibilidad de los delitos -Temática-

La prescripción es una categoría jurídica que se encuentra tanto en el ámbito del Derecho civil como en el ámbito del Derecho penal y tributario. Se pueden rastrear múltiples orígenes de la prescripción, desde la prescripción judía cada siete años, establecida en el Antiguo Testamento, hasta la prescripción establecida en el derecho babilónico.

 

Según a Cabanellas la prescripción es “la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo” (Cabanellas, 1996: 373). En materia penal la prescripción puede ser tanto de la acción penal como de la pena.

 

Por prescripción de la acción penal se entiende a la situación en la que, por el paso del tiempo, no es posible promover la actuación jurisdiccional, es decir que no es posible poner en conocimiento del juzgador la acción que se reputa como delito.

 

Por prescripción de la pena se entiende a la situación en la que, por el paso del tiempo, no es posible que un reo cumpla la condena.

 

Consiguientemente la prescripción se configura como una causa de extinción de la responsabilidad penal, la misma que se encuentra fundamentada en impedir el ejercicio del poder punitivo cuando han transcurrido determinados plazos desde la comisión del hecho o el incumplimiento de la sanción cuando se ha pronunciado la condena.

 

La imprescriptibilidad es entonces, la condición de no prescripción, es decir, que el paso del tiempo no consolida ninguna situación jurídica.

 

En materia penal la imprescriptibilidad supone que no se puede imponer plazo perentorio alguno cuando se deba investigar, procesar o acusar a sujetos que hubieran cometido determinado tipo de delitos considerados graves por el legislador. Esto supone la existencia de ciertos delitos de naturaleza distinta a los comunes (Bernales, 2007).

 

Si el fundamento de la prescripción es la inutilidad de la pena en el caso concreto, tanto desde la perspectiva de la sociedad (prevención general) como del culpable (prevención especial) la excepción (es decir la imprescriptibilidad) debe estar justificada sólo para aquellos delitos que, por sus efectos y significación para la comunidad, no dejan de ser vivenciados como gravísimos, tanto por sus protagonistas como por las víctimas, y en fin, por toda la comunidad.

 

La imprescriptibilidad es la vigencia permanente de responsabilidad penal, desde el ámbito garantista la imprescriptibilidad de algunos delitos tiene como objetivo principal el prevenir y perseguir a los autores de los crímenes considerados como muy graves para la sociedad.

 

Generalmente se ha desarrollado una serie de justificaciones sobre la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

 

La Constitución Política del Estado establece tres ámbitos en los que se dispone la imprescriptibilidad. El primero en relación a ciertos derechos; el segundo, a la propiedad; y el tercero en razón a delitos.

 

En razón a derechos, son imprescriptibles los derechos y beneficios laborales, así como los sueldos y salarios (Artículo 48, parágrafo IV); así también la soberanía que reside en el pueblo boliviano (Artículo 7) y el derecho de Bolivia de una salida al mar (Artículo 267)

 

De acuerdo con la propiedad, es imprescriptible: el patrimonio cultural (Artículo 99); los bienes de patrimonio del Estado (Artículo 339, parágrafo II); los recursos naturales (Artículo 349, parágrafo I); los hidrocarburos como propiedad del pueblo boliviano (Artículo 359, parágrafo I); de las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras (Artículo 374, parágrafo III); y de la propiedad comunitaria o colectiva (Artículo 394, parágrafo III).

 

La imprescriptibilidad en relación a delitos establecidos en la Constitución están: los cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico al Estado (Artículo 112); los delitos ambientales (Artículo 347, parágrafo I); y los delitos de genocidio, lesa humanidad, traición a la patria y crímenes de guerra.


Concordancias

Artículo 7. Imprescriptibilidad de la soberanía. / Artículo 48, parágrafo IV. Imprescriptibilidad en material social y laboral. / Artículo 99. Imprescriptibilidad del patrimonio cultural del pueblo boliviano. / Artículo 112. Imprescriptibilidad de los cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico al Estado. / Artículo 267. Imprescriptibilidad del derecho sobre el territorio que le dé acceso al Estado boliviano al océano pacífico. / Artículo 339, parágrafo II. Imprescriptibilidad del patrimonio del Estado. / Artículo 347, parágrafo I. Imprescriptibilidad de los delitos ambientales. / Artículo 349, parágrafo I. Imprescriptibilidad de los recursos naturales. / Artículo 359, parágrafo I. Imprescriptibilidad de los hidrocarburos. / Artículo 374, parágrafo III. Imprescriptibilidad del agua. / Artículo 394, parágrafo III. Imprescriptibilidad de la propiedad agraria colectiva.


Genocidio -Categoría-

El genocidio es el delito perpetrado con fines de exterminio de miembros de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos.

 

La palabra genocidio está formado por el término griego genos, que significa raza, nación o tribu, y el sufijo latino cide, que significa matar.

 

La primera definición que se establece sobre el crimen de genocidio se la atribuye a Rafael Lempkin en su libro Axis Rule in Occupied Europe (1944).

 

Si bien no es apropiado establecer una jerarquía entre los crímenes de derecho internacional, debido a la naturaleza atroz de los ataques que en décadas recientes y en todas las regiones del mundo se han perpetrado en contra de grupos específicos con la intención de destruirlos, así como las brutales consecuencias que los mismos han tenido, distintos trabajos académicos, e incluso decisiones judiciales, han denominado el crimen de genocidio como el ‘crimen de crímenes’[1] (Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de derecho internacional, 2009: 13).

 

El genocidio es el “crimen de Derecho Internacional, consistente en el exterminio de grupos humanos por razones raciales, políticas, o religiosas o en la implacable persecución de aquellos por estas causas” (Guillermo Cabanellas, 1996:167).

 

De acuerdo con el Artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional[2], entenderá por genocidio a cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal.

 

Al igual que la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito de Genocidio[3], el Estatuto de Roma determina que el delito de genocidio se puede manifestar en los siguientes actos:

 

a. Matanza de miembros de grupo;

b. Atentados graves a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c. Sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial;

d. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; y

e. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.

 

De manera particular, el genocidio a diferencia de otros delitos internacionales requiere para su configuración de una voluntad especial, dolus specialis, dirigido a la destrucción total o parcial, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

 

De acuerdo con el Artículo III de la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito de Genocidio, serán castigados: aquellos que cometieron la acción de genocidio, la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidio, la tentativa de genocidio, y la complicidad en el genocidio.

 

Pietro Verri (2008) establece que si se comete alguna de las acciones para configurarse el genocidio en tiempo de guerra, éste es un crimen de guerra.

 

La persecución penal del delito de genocidio es imprescriptible, es decir la responsabilidad penal se mantiene en el tiempo. Los sujetos sobre los cuales recae esta persecución son: todo aquel que ordene, proponga o induzca a alguien a cometer genocidio (consumado o en grado de tentativa) es culpable del delito (Artículo 25, numeral 3, inciso b del Estatuto de Roma), adicionalmente se ha determinado que quien haga una instigación directa y pública a que se cometa genocidio también es considerado dentro del tipo penal genocidio (Artículo 25, numeral 3, inciso e del Estatuto de Roma).

 

Serán perseguidas penalmente, todas las personas que hayan cometido dichas acciones, sean éstas gobernantes, funcionarios o particulares (Artículo IV de la Convención para Prevenir y Sancionar el Delito de Genocidio). El Artículo 33, numeral 3 del Estatuto de Roma es explícito al determinar que el hecho de haber actuado bajo la orden de un superior no exime al sujeto de la comisión del crimen de genocidio.


[1]Dicha denominación tiene su principal antecedente en la Sentencia de la causa Prosecutor v. Kambanda, causa núm. ICTR 97-23-S, Sala 4 de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, septiembre de 1998, párrafo. 16.

[2]El Estatuto de Roma, ratificado por Bolivia mediante ley N° 2398 de 24 de mayo de 2002.

[3]La Convención para Prevenir y Sancionar el Delito de Genocidio es adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948. Entra en vigor: 12 de enero de 1951.


Concordancias

Artículo 15. Derecho a la vida.


Crímenes de Lesa humanidad -Categoría-

Los crímenes contra la humanidad o también llamados de lesa humanidad son entendidos como todo ataque generalizado que puede efectuarse de manera sistemática contra la población civil y con conocimiento del mismo.

 

Los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con Carolina Fournet, son tan antiguos como la humanidad misma y, sin embargo, no surgieron como categoría jurídica sino hasta principios del siglo XX cuando las Potencias Aliadas se pronunciaron y declararon la masacre de la población armenia como un crimen contra la humanidad y la civilización (Fournet, citada en Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de derecho internacional, 2009).

 

A diferencia del crimen de genocidio, antes de la adopción del Estatuto de Roma en 1998, no existía un solo tratado internacional que agrupara las diversas conductas comprendidas dentro de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, existía la regulación en diversos instrumentos, tales como: la Convención sobre la Esclavitud (1927), la Convención para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena (1951), la Convención para la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad y de Guerra (1970), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1981), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1987) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1990).

 

En 1998 mediante el Estatuto de Roma se determina por primera vez en el orden normativo internacional el alcance de los delitos de lesa humanidad.

 

Artículo 7. El Estatuto de Roma define a los crímenes de lesa humanidad como cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

 

- Asesinato;

- Exterminio;

- Esclavitud;

- Deportación o traslado forzoso de población;

- Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

- Tortura;

- Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;

- Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional;

- Desaparición forzada de personas;

- El crimen de apartheid;

- Otros actos inhumanos de carácter similar que acusen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

 

La práctica sistemática de dichas acciones constituyen crímenes contra la humanidad, mismas que constitucionalmente se encuentran prohibidas, como el genocidio (Artículo 111), la esclavitud (Artículo 15), y aquellas que se configuran en gran escala, como el asesinato, la tortura, las desapariciones forzadas (Artículo 15), la detención arbitraria (Artículo 23), la reducción a estado de servidumbre y los trabajos forzosos (Artículo 15), otras formas de abusos sexuales (Artículo 15), entre otros actos inhumanos.

 

Para que se configure el crimen de lesa humanidad se ha establecido criterios generales, entre los que resaltan a) que la conducta tenga como finalidad atacar a la población civil; b) Haya conocimiento de que el ataque constituye un crimen de lesa humanidad; c) que la acción se realice como parte de un ataque generalizado (conductas criminales a gran escala) o sistemático (actos metódicos dirigidos contra la población civil como parte de un plan)[1].

 

La enunciación que establece el Estatuto de Roma, sobre los crímenes de lesa humanidad, no implica una categorización; sino consideraciones de actos que sean realizados en contextos generalizados y sistemáticos de los crímenes a efecto de establecer una pena, específicamente con sanciones más gravosas o con consideraciones agravantes.

 

Es necesario recalcar que la Corte Penal Internacional tendrá jurisdicción sobre aquellos delitos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, demás conductas individuales y sin este propósito estarán bajo la competencia exclusiva de las instancias nacionales.


[1]De acuerdo con el Auto Supremo 522 de 17 de noviembre de 2009, los delitos relacionados al tráfico de sustancias controladas son considerados crímenes de lesa humanidad. “ En consideración a la especial naturaleza de los delitos relacionados al tráfico de sustancias controladas, (…) razón por la cual son catalogados como delitos de ‘lesa humanidad’, calificación que se encuentra reconocida por el artículo 145 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, razón por la cual son considerados imprescriptibles en el marco de la Convención Sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, entrada en vigor el 11 de noviembre de 1970, que reconoció el deber que los Estados tienen de encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de la comisión de ese tipo de delitos”.


Concordancias

Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad; las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, pena de muerte, violencia, desapariciones forzadas, servidumbre, esclavitud y trata y tráfico de personas. / Artículo 23. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley.


Traición a la patria -Categoría-

El acto de traición a la patria implica que el accionar de un habitante perteneciente a un determinado país, que contradice o se contrapone a los principios, intereses u objetivos que el Estado sostiene, en todo caso el accionar de un(a) ciudadano (a) boliviano (a) que se oponga a los intereses que involucran al Estado y la sociedad en su conjunto, supone un perjuicio de gran importancia a los intereses del país. A continuación se caracterizarán las acciones que suponen el delito de traición a la patria.

 

De acuerdo con el Artículo 124 de la Constitución, comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en:

1. Tomar armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros participantes, o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia;

2. Violar el régimen constitucional de recursos naturales; y

3. Atentar contra la unidad del país[1].

 

De esta manera quien incurra en alguna de estas acciones se enmarca el tipo penal de traición a la patria, acción que es imprescriptible. A diferencia de los demás delitos enunciados en la Constitución, al delito por traición a la patria se establece la máxima sanción penal que es de 30 años sin derecho a indulto.

 

Con respecto a esta penalización cabe señalar que, más allá de la condena de privación de libertad, no puede interponerse un atenuante que aminore la severidad de los años de encarcelamiento, es decir que no existe la posibilidad de cuestionar la determinación judicial ni, por otra parte la emisión de un indulto o amnistía, la acción penal permanece en el tiempo hasta que se encuentre juzgada y cumplida por parte del sujeto.


[1]Para un mayor desarrollo de cada una de estas categorías consulte el análisis del Artículo 124. 


Concordancias

Artículo 124. Traición a la patria.


Crímenes de guerra -Categoría-

Los crímenes de guerra con aquellos delitos producidos contra la normativa beligerante y la violación de derecho en tiempo de guerra y conflicto.

 

Para Cabanellas el crimen de guerra es “acción u omisión de un beligerante contraria a las leyes de guerra, al derecho de gentes y a la conciencia humana en general” (Cabanellas, 1996:413).

 

Desde tiempos antiguos existía la clara noción sobre la necesidad de establecer límites al uso de la fuerza en el marco de conflicto armados, a fin de minimizar sus efectos y el sufrimiento humano. En el marco del derecho internacional, esta noción fue materializada en diversas de normas que buscan proteger valores e intereses fundamentales de la comunidad internacional en tiempos de guerra, y que hoy en día se conoce como derecho internacional humanitario, o derecho de los conflictos armados.

 

De acuerdo con el Artículo 8 del Estatuto de Roma, la Corte ejercerá competencia respecto de los crímenes de Guerra, en particular cuando se trate de infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, en lo que se refiere a actos contra personas o bienes protegidos:

 

- Matar intencionalmente;

- Someter a tortura o a otros actos inhumanos, incluye experimentos biológicos;

- Infringir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o a la salud;

- Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente;

- Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerzas armadas de una Potencia enemiga;

- Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial;

- Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;

- Tomar rehenes.

 

Sobre la base de los estatutos y de las sentencias de los Tribunales Militares de Nuremberg, de Tokio y de las Naciones Unidas (1950), las violaciones siguientes de las leyes y costumbres de la guerra son particularmente consideradas como crímenes de guerra: a) el asesinato, los malos tratos o la deportación para obligar la realización de trabajos forzados a la población civil de los territorios ocupados; b) el asesinato o malos tratos a los prisioneros de guerra o de los náufragos; c) la toma y ejecución de los rehenes; d) el robo de los bienes públicos o privados; e) la destrucción de ciudades y pueblos; entre otros.


Concordancias

Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad; las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, pena de muerte, violencia, desapariciones forzadas, servidumbre, esclavitud y trata y tráfico de personas.


Tratamiento en el Constitucionalismo Boliviano

Texto Constitucional 2009

 

Artículo 111

 

Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles.

 

Análisis

 

La imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad, de traición a la patria y crímenes de guerra es una novedad en el constitucionalismo boliviano.

 

Hasta principios de los años ochenta, la regla general dentro de la normativa nacional fue prescriptibilidad de la persecución penal; sin embargo Bolivia ratifica el 6 de octubre de 1983 de la Convención sobre la imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Lesa humanidad, aplica, de esta manera, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Tratamiento en los archivos, actas y resoluciones del constituyente

Proyecto de Texto Constitucional ajustado en el H. Congreso Nacional, octubre 2008

 

Artículo 111

 

Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra son imprescriptibles.

 

Fuente: Ley Nº3942 de 21 de octubre de 2008.

 

Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro, diciembre de 2007

 

Artículo 112

 

Los delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra y los delitos contra el medio ambiente son imprescriptibles

 

Fuente: Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande, en Detalle y en Revisión.

 

Proyecto de Texto Constitucional Aprobado en Grande en Chuquisaca, noviembre de 2007

 

Artículo 114

 

Los delitos de lesa humanidad, de traición a la patria, crímenes de guerra y los delitos contra el medio ambiente son imprescriptibles.

 

Fuente: Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande.

 

Informes de Comisión de la Asamblea Constituyente: Comisión 3 (Derechos Deberes y Garantías)

 

Informe por Mayoría

 

Artículo 22. (VULNERACIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES)

 

IV.- Las acciones judiciales y las penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, daño económico al Estado y crímenes de guerra son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.

 

Fuente: Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Tomo III, Volumen 1, págs. 350.

 

Informe por Minoría

 

No presenta antecedentes referidos al Artículo 111.               

 

Propuesta de Texto Constitucional de las Organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, mayo de 2007

 

No presenta antecedentes referidos al Artículo 111.

 

Análisis

 

A partir de la revisión de los archivos de la Asamblea Constituyente, se puede observar que el Artículo 111 se consolida en los ajustes establecidos por el H. Congreso Nacional el año 2008. Difiere del Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande, en Detalle y en Revisión en Oruro y del Proyecto de Texto Constitucional aprobado en Grande en Chuquisaca en que ambos determinaban como delito imprescriptible a los delitos de medio ambiente[1].

 

Cabe destacar que en el Informe por Mayoría de la Comisión 3 (Derechos, Deberes y Garantías) se establece la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio, lesa humanidad daño económico al Estado y crímenes de guerra, además de estipular que para dichos delitos no se admite el régimen de inmunidad.

 

Tanto el Informe por Minoría como la Propuesta de Texto Constitucional de las Organizaciones que conforman el Pacto de Unidad no presentan antecedentes referidos al Artículo 111.


[1]Si bien la disposición de imprescriptibilidad de los delitos contra el medio ambiente es omitida en la redacción final del Artículo 111, ésta se mantiene en el Artículo 347, parágrafo I de la Constitución.

Alcance de la reserva legal

El Artículo 111 no establece una reserva legal, sin embargo determina la imprescriptibilidad de delitos de genocidio, lesa humanidad, de traición a la patria y crímenes de guerra, ésta se relaciona directamente con la normativa penal, la misma que deberá contemplar disposiciones correlativas al mandato del Artículo 111.

Bibliografía

Bernales Rojas, Gerardo. 2007. La Imprescriptibilidad de la Acción Penal en Procesos por Violaciones a los Derechos Humanos. Ius et Praxis [online]. vol.13, n.1. Disponible en: www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122007000100009&lng=es&nrm=iso>. ISBN 0718-0012. Acceso el 10 de noviembre de 2012.

 

Cabanellas, Guillermo. 1996. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires–Argentina: Heliasta.

 

Fundación para el Debido Proceso Legal. 2009. Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de derecho internacional. Washington, DC–Estados Unidos de América: Fundación para el Debido Proceso Legal.

 

Verri, Pietro. 2008. Diccionario de Derecho internacional de los conflictos armados. Buenos Aires–Argentina: Comité Internacional de la Cruz Roja.

 

Vicepresidencia del Estado. Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano. 2012. La Paz - Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional.

Webgrafía

Jurisdicción internacional. Disponible en: www.icrc.org/eng/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/international-criminal-court/index.jsp. Acceso: 20 de noviembre de 2012.

 

Crímenes de lesa humanidad. Disponible en: www.iccnow.org/?mod=browserdoc&type=1. Acceso: 20 de noviembre de 2012.

Documentos legales

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.

 

Convención para Prevenir y Sancionar el Delito de Genocidio es adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948. Entra en vigor: 12 de enero de 1951.

 

Estatuto de la Corte Penal Internacional. Ratificado por Bolivia mediante ley No 2398 de 24 de mayo de 2002.

 

Ley Nº3942 de 21 de octubre de 2008.

 

Textos constitucionales de Bolivia 1826 – 2009. 

Archivos, actas y resoluciones

Acta de Acuerdo de las Organizaciones del Pacto de Unidad, Constitución Política del Estado Boliviano de mayo de 2007.

 

Informes de la Comisión 3 (Derechos, Deberes y Garantías) de la Asamblea Constituyente.

 

Proyecto de Texto Constitucional ajustado en el H. Congreso Nacional, octubre de 2008, Ley N°3942 del 21 de octubre de 2008.

 

Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Constitución Política del Estado. Aprobada en Grande de noviembre de 2007.

 

Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC). Nueva Constitución Política del Estado. Versión Oficial, Aprobada en Grande, en Detalle y en Revisión de diciembre de 2007.


Fecha de su ultima actualización: 29/04/2013 11:18:00 p.m.

Centro de Estudios Constitucionales 2013